La relación entre vecinos ha mejorado y ya no son frecuentes las disputas para hacer una rampa o montar un ascensor que facilite la vida no solo a quien vive dependiente del rodar de una silla de ruedas o del difícil deambular de un anciano sino también a quien lleva un cochecito de bebé o el peso de la compra. Pese a esta mejora, siempre hay casos de desavenencias vecinales, situaciones que terminan en los tribunales o ‘echando’ a la persona con problemas de movilidad de su casa.

 

 

Por todo ello, el CERMI, que engloba a 7.000 asociaciones españolas y a 180 de Castilla y León, ha puesto en marcha una campaña de incidencia política para lograr la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. El objetivo primordial es que las obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes de los inmuebles sean asumidas obligatoria e íntegramente por las comunidades de propietarios. Algo que actualmente está sujeto a mayorías en los votos y a costes limitados.

 

Según informa El Norte de Castilla, ya el pasado día 9 de septiembre, la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, la primera que presidía la Reina Letizia, se saldó con el compromiso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de responder a esta demanda del CERMI.

 

La campaña de presión política emprendida por estos representantes del sector de la discapacidad –150.000 personas en la comunidad sin contar a los mayores– consiste en el envío a todas las instancias del Gobierno de España como los ministerios de Fomento, de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Parlamento como comisiones de Fomento, Justicia y Discapacidad del Congreso; así como a las comunidades autónomas –en concreto responsables de Servicios Sociales y de Vivienda–, con responsabilidad en esta materia, de una propuesta de cambio legislativo junto con la reproducción a escala natural de un ladrillo de los empleados en la construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la reforma urgente de la regulación en la materia.

 

En Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ya ha manifestado su apoyo a la misma en diversos foros.

 

Paralelamente a este envío masivo, el CERMI ha hecho llegar la propuesta de reforma legislativa a todos los Parlamentos autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que planteen a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la normativa sobre propiedad horizontal, que obligue al Congreso a debatir sobre esta cuestión y en su caso tramitarla.

 

Destaca el presidente del CERMI en Castilla y León, Francisco Sardón que "la situación ha mejorado y mientras antes nos llegaban, sobre todo a Aspaym, quejas de forma bastante masiva ahora son mucho más anecdóticas; pero las hay".

 

"La accesibilidad a una vivienda, desde la acera aunque esta parte incluye a los ayuntamientos, pasando por todas las zonas comunes enriquece al inmueble, le da un valor añadido. Es evidente que hoy en día un edificio sin ascensor tiene escaso valor y las rampas o elevadores suponen un valor añadido. Y esto no beneficia tanto a las personas en sillas de ruedas como a los mayores que han envejecido en su vivienda, un inmueble igual con cuarenta años, y les es difícil plantearse el irse. Desde CERMI respaldamos, pedimos, la reforma por justicia social y porque es algo simplemente racional que beneficia a todos y no perjudica a nadie. Las viviendas nuevas ya no suelen presentar problemas, aunque todavía hay pisos con dificultades".

 

La proposición para modificar la Ley 49/1960 busca que los costes de adecuar los edificios e inmuebles sean asumidos en su integridad por las comunidades de propietarios. Las reformas normativas de 2011 y 2013, aunque positivas, "han limitado las mejoras y no solventan la situación", destaca el CERMI.

 

La modificación propuesta afectaría a los artículos 10 y 17 y elimina, entre otros, en el primero, la puntualización de que los ajustes sean razonables y cuanto afecta al importe máximo y en el segundo elimina que tenga que ser por mayoría.